En el contexto del sistema penal acusatorio mexicano, regulado principalmente por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Código Penal Federal (CPF), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales colegiados, la clasificación jurídica es un proceso clave para determinar la correcta aplicación del tipo penal, el grado de ejecución, la forma de participación y la naturaleza de la conducta (dolosa o culposa). A continuación, se detallan los elementos que el juez debe considerar para validar la clasificación jurídica, así como las estrategias que el abogado defensor debe emplear en beneficio de su defendido, conforme a la normatividad vigente al 19 de mayo de 2025.
Elementos que el juez debe considerar en la clasificación jurídica
El juez de control, de juicio oral o de ejecución, según la etapa procesal, debe validar la clasificación jurídica asegurándose de que se ajuste a los principios del sistema penal acusatorio, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la contradicción y la publicidad (art. 20 constitucional y arts. 1-13 del CNPP). Los elementos clave son:
- Tipicidad:
- El juez debe verificar que los hechos imputados encajen en el tipo penal descrito en el Código Penal Federal o en los códigos penales estatales, según corresponda. Por ejemplo, en un delito de homicidio (art. 302 CPF), se debe comprobar que la conducta causó la muerte de una persona con dolo o culpa.
- Norma aplicable: El juez debe aplicar el principio de iura novit curia (art. 14 constitucional), corrigiendo la calificación jurídica si es incorrecta, pero sin modificar los hechos imputados por el Ministerio Público, ya que esto violaría el principio de congruencia (art. 331 CNPP).
- Jurisprudencia: La Tesis Aislada P. LXXVII/2019 de la SCJN establece que el juez debe respetar los hechos denunciados por el fiscal, pero puede ajustar la calificación jurídica para garantizar la justicia material.
- Grado de ejecución:
- El juez debe determinar si el delito se consumó, está en grado de tentativa (art. 12 CPF) o es un delito imposible. En la tentativa, debe analizarse si el imputado inició la ejecución del delito y si la no consumación fue por causas ajenas a su voluntad.
- Jurisprudencia: La Tesis Jurisprudencial 1a./J. 22/2016 subraya que el juez debe evaluar la idoneidad de los medios empleados y la intención del imputado para calificar correctamente el grado de ejecución.
- Forma de participación:
- Se debe identificar si el imputado actuó como autor, coautor, instigador o cómplice (arts. 13-15 CPF). Esto requiere analizar el grado de contribución y la intención de cada participante.
- Jurisprudencia: La Tesis 1a./J. 46/2017 establece que la coautoría exige un acuerdo previo o una contribución objetiva al hecho delictivo, lo que el juez debe verificar con base en las pruebas presentadas.
- Naturaleza dolosa o culposa:
- El juez debe determinar si la conducta fue intencional (dolo) o resultado de imprudencia, negligencia o impericia (culpa), conforme al artículo 9 del CPF. Por ejemplo, en un homicidio culposo (art. 307 CPF), el juez debe comprobar que no hubo intención de causar la muerte.
- Jurisprudencia: La Tesis Aislada P. XLV/2020 señala que el dolo debe probarse mediante elementos objetivos y subjetivos, evitando calificaciones arbitrarias.
- Concurso de delitos:
- El juez debe evaluar si existe concurso ideal (un solo acto que infringe varias normas) o real (varios delitos independientes), según los artículos 17 y 18 del CPF. Por ejemplo, un robo con violencia seguido de homicidio puede configurarse como concurso real.
- Jurisprudencia: La Tesis 1a./J. 19/2018 establece que el juez debe analizar la unidad o pluralidad de conductas para determinar el concurso y la acumulación de penas.
- Imparcialidad y motivación:
- El juez debe garantizar su imparcialidad (art. 16 constitucional) y motivar sus resoluciones, detallando los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la calificación jurídica (art. 16 CNPP). La falta de motivación puede dar lugar a la nulidad de la resolución.
- Jurisprudencia: La Tesis Jurisprudencial P./J. 20/2014 obliga al juez a fundamentar sus decisiones de manera clara, precisa y congruente, evitando resoluciones arbitrarias.
- Precedentes jurisprudenciales:
- En México, la jurisprudencia de la SCJN y los tribunales colegiados es obligatoria cuando se trata de precedentes vinculantes (art. 217 de la Ley de Amparo). Por ejemplo, la Tesis 1a./J. 77/2019 establece criterios para la calificación jurídica en delitos contra la salud, los cuales el juez debe seguir.
- Los jueces también deben considerar las interpretaciones del Pleno o las Salas de la SCJN, como las relativas al principio de presunción de inocencia (Tesis P./J. 21/2016).
- Constitucionalidad y derechos fundamentales:
- El juez debe verificar que la norma aplicada sea conforme a la Constitución, especialmente a los derechos fundamentales (arts. 1, 16, 20 constitucional). Si una norma es inconstitucional, puede inaplicarla mediante control difuso de constitucionalidad (art. 133 constitucional).
- Jurisprudencia: La Tesis P./J. 16/2015 establece que el juez debe priorizar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, como el Pacto de San José, en la calificación jurídica.
- Proporcionalidad y mínima intervención:
- El juez debe aplicar el principio de proporcionalidad en la calificación jurídica, asegurándose de que la sanción sea adecuada a la gravedad del delito y las circunstancias del caso (art. 20 constitucional).
- Jurisprudencia: La Tesis 1a./J. 33/2019 destaca que el juez debe evitar calificaciones desproporcionadas que vulneren el principio de mínima intervención penal.
Estrategias del abogado defensor
En el sistema penal acusatorio mexicano, el abogado defensor debe actuar como garante del derecho de defensa (art. 20, apartado B, constitucional) y diseñar estrategias que protejan la presunción de inocencia, cuestionen la imputación del Ministerio Público y refuercen la teoría del caso. Las estrategias clave incluyen:
- Análisis riguroso de la imputación:
- Revisar la formulación de imputación del Ministerio Público (art. 313 CNPP) para identificar errores en la tipificación, grado de ejecución o participación. Por ejemplo, si el fiscal califica un hecho como robo agravado (art. 367 CPF), el defensor puede argumentar que no se configuran las agravantes.
- Táctica: Solicitar la aclaración de la imputación en la audiencia inicial (art. 314 CNPP) o interponer excepciones previas si la imputación es ambigua o carece de fundamentos (art. 336 CNPP).
- Fortalecimiento de la teoría del caso:
- Construir una narrativa alternativa que desvirtúe la versión del fiscal, utilizando pruebas que refuercen la presunción de inocencia (art. 20, apartado B, fracción IX, constitucional). Por ejemplo, presentar testigos, peritajes o pruebas documentales que contradigan la participación del imputado.
- Táctica: Ejercer el derecho de contradicción en la audiencia de juicio oral (art. 360 CNPP), interrogando testigos y peritos para resaltar inconsistencias en la acusación.
- Objeciones procesales:
- Objetar preguntas improcedentes del Ministerio Público (repetitivas, sugestivas, impertinentes o capciosas) durante el juicio oral (art. 363 CNPP). Por ejemplo, si el fiscal formula una pregunta especulativa, el defensor debe objetar de inmediato, fundamentando la violación al derecho probatorio.
- Táctica: Ser oportuno en las objeciones, formulándolas antes de que el testigo responda, y vincularlas a la teoría del caso para evitar pruebas perjudiciales.
- Uso de precedentes jurisprudenciales:
- Invocar jurisprudencia favorable, como la Tesis 1a./J. 46/2017 sobre coautoría, para cuestionar la participación del imputado, o la Tesis P./J. 20/2014 para exigir motivación adecuada en las resoluciones judiciales.
- Táctica: Presentar recursos de apelación (art. 460 CNPP) o amparo directo (art. 170 de la Ley de Amparo) si el juez realiza una calificación jurídica arbitraria o vulnera derechos fundamentales.
- Garantizar el derecho de defensa:
- Asegurarse de que el imputado tenga acceso a los registros de investigación (art. 218 CNPP) y pueda comunicarse con su abogado desde la detención o el inicio de la investigación (art. 20, apartado B, fracción V, constitucional).
- Táctica: Solicitar la nulidad de actuaciones si se vulnera el derecho de defensa, como la falta de notificación oportuna o la imposibilidad de preparar la defensa (art. 169 CNPP).
- Aprovechar vacíos legales o interpretaciones favorables:
- En delitos con tipos penales abiertos, como el abuso de autoridad (art. 215 CPF), argumentar que la conducta no cumple con los elementos subjetivos o que el contexto no justifica la imputación.
- Táctica: Invocar principios como la mínima intervención penal o la proporcionalidad para cuestionar la aplicación de normas penales ambiguas.
- Impugnaciones estratégicas:
- Interponer recursos de apelación contra resoluciones de vinculación a proceso, medidas cautelares o sentencias (arts. 460-470 CNPP) si la calificación jurídica es errónea o no está motivada. También se puede promover un amparo indirecto contra actos que afecten derechos fundamentales (art. 107 constitucional).
- Táctica: Fundamentar los recursos en violaciones procesales o constitucionales, apoyándose en jurisprudencia vinculante, como la Tesis P./J. 21/2016 sobre presunción de inocencia.
- Ética y profesionalismo:
- Actuar con lealtad procesal, evitando tácticas dilatorias que puedan ser sancionadas (art. 10 CNPP). Esto refuerza la credibilidad de la defensa ante el juez.
- Táctica: Presentar argumentos claros y fundamentados, evitando agravios innecesarios contra el Ministerio Público o el juez, para mantener una postura profesional.
- Solicitud de medidas alternativas:
- Si la calificación jurídica permite la suspensión condicional del proceso o salidas alternas (arts. 186-192 CNPP), el defensor puede negociar con el fiscal para evitar el juicio oral, especialmente en delitos de bajo impacto.
- Táctica: Proponer acuerdos reparadores o la suspensión condicional si el imputado cumple con los requisitos legales, como la reparación del daño o la no reincidencia.
- Control de la prueba ilícita:
- Cuestionar la legalidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, como detenciones arbitrarias o pruebas obtenidas sin autorización judicial (art. 16 constitucional y art. 147 CNPP).
- Táctica: Solicitar la exclusión de pruebas ilícitas en la audiencia de control de detención o en el juicio oral, invocando la Tesis 1a./J. 13/2016 sobre el principio de exclusión probatoria.
Conclusión
En el sistema penal acusatorio mexicano, el juez debe validar la clasificación jurídica asegurándose de que los hechos imputados se ajusten al tipo penal, grado de ejecución, forma de participación, naturaleza dolosa o culposa y concurso de delitos, conforme al Código Penal Federal, el CNPP, la Constitución y la jurisprudencia vinculante de la SCJN. La motivación, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales son esenciales para evitar resoluciones arbitrarias. Por su parte, el abogado defensor debe emplear estrategias que refuercen la presunción de inocencia, como el análisis crítico de la imputación, el uso de objeciones, la invocación de precedentes, la impugnación de pruebas ilícitas y la negociación de salidas alternas, siempre actuando con ética y profesionalismo. Estas acciones garantizan una defensa técnica eficaz y contribuyen al respeto del debido proceso en el marco del sistema penal acusatorio mexicano.
